En El Salvador y en los demás países de Centroamérica, el 15 de septiembre se cumplen 190 años desde la fecha en que los pueblos se liberaron del dominio español, en 1821. Como es costumbre, el Gobierno ha preparado una serie de actividades culturales, educativas y cívicas enmarcadas a recordar ese acontecimiento. Por lo general, estas apenas varían: desfiles estudiantiles y militares, discursos retóricos y concentraciones masivas. Sin quitarle mérito a ese modo de conmemorar, no hay que eludir el tema de fondo, es decir, los desafíos que enfrenta la independencia nacional hoy.
Sobre este tema, Ignacio Ellacuría planteaba que la independencia de las naciones —al igual que la libertad de las personas— se hace día a día, se conquista hora a hora y se puede perder en cualquier momento. Sostenía también que “la independencia nacional cobra características distintas en cada coyuntura de la historia y, por eso, cada conmemoración de la gesta independentista ha de ser diferente: diferente en el recuerdo de lo que fue aquel primer 15 de septiembre, diferente en el análisis de lo que es esa fecha hoy, diferente en lo que ha de proponerse la patria como tarea futura para llegar a ser cada vez más una patria libre”.
En este último punto queremos poner nuestra atención: ¿cuáles son las tareas o luchas más importantes que tiene nuestro país para ser una patria más libre? A vuela pluma, podemos mencionar al menos cinco: libertad de la pobreza, libertad de la inseguridad, libertad de la injusticia, libertad para desarrollar el potencial humano propio y libertad para acceder a un trabajo digno. Expliquemos, brevemente, cada una de ellas.
En primer lugar, la pobreza humana es uno de los grandes obstáculos para lograr un nivel de vida digno y realizar los derechos humanos. En El Salvador persisten elevados niveles de pobreza y déficits sociales. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010, alrededor de 4 de cada 10 hogares salvadoreños son pobres; la escolaridad promedio apenas alcanza los 6 años y la tasa de analfabetismo de las personas de 10 años o más es del 14%. Del total de la población que se enferma en el país, el 40% no recibe servicios de salud, y aproximadamente solo el 20% de la población tiene algún seguro de salud. Del total de la población económicamente activa, solamente el 18% es cotizante del sistema de pensiones. Estos datos, entre otros, exigen un compromiso ineludible: la lucha contra la pobreza que no solo impide el desarrollo de la gente, sino que causa muerte lenta a un buen número de salvadoreños al privarles de una adecuada alimentación, salud, educación, vivienda y trabajo. La conquista de esta libertad comienza poniendo en el centro del proceso de desarrollo a las mayorías empobrecidas; liberándolas del desempleo, el subempleo, los bajos salarios y la exclusión social.
En segundo lugar, según datos de Naciones Unidas, en El Salvador la tasa promedio de homicidios es de 70 por cada 100 mil habitantes; el promedio mundial es de 8.8 por cada 100 mil. Esos son niveles epidémicos, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual ha establecido que cuando hay más de nueve asesinatos por cada 100 mil habitantes, ya existe una epidemia. Por otra parte, el 90% de la población salvadoreña se siente insegura en los lugares públicos; el 63% evita ciertos lugares de recreación; el 40% limitó lugares de compra; el 37% ha dejado de acudir a espacios de recreación y el 14% ha sentido necesidad de cambiar de colonia. Qué duda cabe entonces de que nuestra sociedad necesita liberarse del temor, de las amenazas y de tanto homicidio provocado por el crimen organizado y el narcotráfico.
En tercer lugar, sin el Estado de derecho y una administración de justicia imparcial, las leyes sobre los derechos humanos no son más que letra muerta. En El Salvador la administración de justicia sigue siendo difícil debido a la escasa capacidad institucional. Lo hemos visto recientemente en el Caso Jesuitas: el recurso a un tribunal internacional ha sido la consecuencia de la incapacidad de hacer justicia localmente. En los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos, solo se ha hecho un remedo de justicia. Necesitamos, pues, liberarnos de la impunidad y la arbitrariedad. Y eso implica posibilitar que el derecho y la justicia se junten. Uno de los principales componentes de los Acuerdos de Paz fue el fortalecimiento del sistema de justicia; no obstante, a casi 20 años de esos acuerdos, los resultados de las reformas distan mucho de los objetivos perseguidos. La confianza depositada en ese órgano poco a poco se ha venido deteriorando debido a la persistencia de elevados índices de impunidad, así como a las crecientes denuncias y casos de corrupción que involucran a magistrados, jueces y fiscales.
En cuarto lugar, los salvadoreños y salvadoreñas requieren libertad para poner a producir todo su potencial individual; pero eso implica que las personas deben estar en igualdad de oportunidades para desplegar ese potencial y participar equitativamente en todas las esferas de la sociedad. En este punto hay que recordar que la Constitución de nuestro país identifica a la persona humana como el origen y fin del Estado; en consecuencia, hay un compromiso político de garantizar a la población al menos la salud, la nutrición y la educación por sus efectos positivos —directos o indirectos— en el capital humano. Ignacio Ellacuría, con una visión ética-política de más largo plazo, hablaba de una civilización de la pobreza, donde esta ya no sería la privación de lo necesario y fundamental para las mayorías, sino “un estado universal de cosas en donde está garantizada la satisfacción de las necesidades fundamentales, la libertad de opciones personales y un ámbito de creatividad personal y comunitaria que permita la aparición de nuevas formas de vida y cultura, nuevas relaciones con la naturaleza, con los demás, consigo mismo y con Dios”.
Finalmente, necesitamos la libertad para desempeñar un trabajo decente, es decir, lograr que todas las personas en edad de trabajar y con voluntad de hacerlo tengan un trabajo que ofrezca una remuneración justa, protección social para el trabajador y su familia, buenas condiciones y seguridad en el lugar de trabajo, posibilidad de desarrollo personal y reconocimiento social, así como igualdad en el trato para hombres y mujeres.
En suma, si se quiere hablar de la independencia nacional hoy, con responsabilidad y seriedad, es ineludible encarar estos desafíos.
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